TOWARDS THE DESINTEGRATION OF CHILD WELFARE SERVICES
Bewaard in:
PETRIE, S., WILSON, K., TOWARDS THE DESINTEGRATION OF CHILD WELFARE SERVICES. SOCIAL POLICY AND ADMINISTRATION, Vol. 33, no. 2 (1999), p. 181-196.
Ref.
77264
Plaats:
SIIS R.1328
Palabras clave:
Acogimiento familiar, Centros de día, Contratos, Menores, Protección de menores, Sector privado, Servicios de infancia, Servicios sociales, Reino Unido
Acogimiento familiar, Centros de día, Contratos, Menores, Protección de menores, Sector privado, Servicios de infancia, Servicios sociales, Reino Unido
Samenvatting:
Desde principios de los años 90, la legislación británica en materia de acción social (National Health Service and Community Care Act, 1990) obliga a las autoridades locales a contratar la mayor parte de sus servicios a entidades privadas con y sin ánimo de lucro. En principio, tal reforma iba dirigida exclusivamente a los servicios de intervención social para adultos. La prestación de servicios sociales en el campo de la infancia había sido regulada un año antes (Children Act, 1989) y en ella no se imponía a las autoridades públicas la obligación de subcontratar sus servicios entre proveedores privados. Sin embargo, aseguran Petrie y Wilson, la profunda transformación que la Community Care Act provocó en los servicios para adultos afectó también a los servicios para menores. Así, a pesar de que la legislación no les obligaba a ello, la mayor parte de las entidades locales han tendido también a subcontratar los servicios para menores entre la iniciativa privada. Pero al hacerlo, mantienen los autores de este artículo, no se han tenido en cuenta ni las características específicas de los servicios infantiles ni las enseñanzas que las experiencias de subcontratación de servicios para adultos podrían ofrecer. Todo ello ha tenido, afirman, serias repercusiones en la calidad de los servicios dirigidos a la población infantil en situación de necesidad.
Desde principios de los años 90, la legislación británica en materia de acción social (National Health Service and Community Care Act, 1990) obliga a las autoridades locales a contratar la mayor parte de sus servicios a entidades privadas con y sin ánimo de lucro. En principio, tal reforma iba dirigida exclusivamente a los servicios de intervención social para adultos. La prestación de servicios sociales en el campo de la infancia había sido regulada un año antes (Children Act, 1989) y en ella no se imponía a las autoridades públicas la obligación de subcontratar sus servicios entre proveedores privados. Sin embargo, aseguran Petrie y Wilson, la profunda transformación que la Community Care Act provocó en los servicios para adultos afectó también a los servicios para menores. Así, a pesar de que la legislación no les obligaba a ello, la mayor parte de las entidades locales han tendido también a subcontratar los servicios para menores entre la iniciativa privada. Pero al hacerlo, mantienen los autores de este artículo, no se han tenido en cuenta ni las características específicas de los servicios infantiles ni las enseñanzas que las experiencias de subcontratación de servicios para adultos podrían ofrecer. Todo ello ha tenido, afirman, serias repercusiones en la calidad de los servicios dirigidos a la población infantil en situación de necesidad.
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