WHAT IS THE IMPACT OF PUBLIC CARE ON CHILDREN'S WELFARE? A REVIEW OF RESEARCH FINDINGS FROM ENGLAND AND WALES AND THEIR POLICY IMPLICATIONS
Saved in:
FORRESTER, D., ET AL., WHAT IS THE IMPACT OF PUBLIC CARE ON CHILDREN'S WELFARE? A REVIEW OF RESEARCH FINDINGS FROM ENGLAND AND WALES AND THEIR POLICY IMPLICATIONS. JOURNAL OF SOCIAL POLICY, Vol. 38, no. 3 (2009), p. 439-456.
Ref.
161339
Location:
SIIS R.804 Archivo
Palabras clave:
Acogimiento familiar, Bienestar, Centros de acogida, Evolución, Literatura científica, Menores, Protección de menores, Reino Unido
Acogimiento familiar, Bienestar, Centros de acogida, Evolución, Literatura científica, Menores, Protección de menores, Reino Unido
Abstract:
Habitualmente se considera que los y las menores bajo protección institucional presentan peor salud, menor rendimiento académico y mayores tasas de exclusión, prejuicio que, en países como el Reino Unido, ha instado a limitar esta práctica. Sin embargo, teniendo en cuenta que esos menores ya mostraban graves dificultades escolares anteriormente, es difícil evaluar el verdadero impacto de la protección institucional sobre su bienestar. En Inglaterra y Gales, han revisado los estudios publicados desde 1991 (después de promulgarse la Ley de Menores de 1989). Solamente doce pudieron utilizarse, lo cual constituye en sí mismo un dato relevante, pues refleja la escasa importancia otorgada a la investigación en este ámbito. Los resultados revelan que, en contra de la opinión generalizada, la mayoría de los niños mejoraban con la protección institucional, aunque ciertamente presentaban mayores dificultades que el resto. Además, estos buenos resultados no se extienden a la etapa que comienza al terminar su minoría de edad. Los autores de la revisión se declaran favorables a introducir mejoras para seguir protegiendo a este colectivo una vez cumplidos los 18 años. También solicitan aumentar la cantidad y la calidad de las intervenciones previas a la protección institucional. Su propuesta sigue el modelo escandinavo, abogando por que un número mayor de menores –y en una etapa más temprana– entren bajo protección institucional, concibiendo la medida, no como una alternativa permanente a la familia de origen, sino como una ayuda temporal para familias en apuros. La protección de menores es realmente muy costosa, admiten, pero además de representar un derecho moral de estos niños, resulta más económica que afrontar las posibles consecuencias de no hacerlo, una vez los menores se conviertan en adultos, como la delincuencia, el desempleo crónico o la prostitución.
Habitualmente se considera que los y las menores bajo protección institucional presentan peor salud, menor rendimiento académico y mayores tasas de exclusión, prejuicio que, en países como el Reino Unido, ha instado a limitar esta práctica. Sin embargo, teniendo en cuenta que esos menores ya mostraban graves dificultades escolares anteriormente, es difícil evaluar el verdadero impacto de la protección institucional sobre su bienestar. En Inglaterra y Gales, han revisado los estudios publicados desde 1991 (después de promulgarse la Ley de Menores de 1989). Solamente doce pudieron utilizarse, lo cual constituye en sí mismo un dato relevante, pues refleja la escasa importancia otorgada a la investigación en este ámbito. Los resultados revelan que, en contra de la opinión generalizada, la mayoría de los niños mejoraban con la protección institucional, aunque ciertamente presentaban mayores dificultades que el resto. Además, estos buenos resultados no se extienden a la etapa que comienza al terminar su minoría de edad. Los autores de la revisión se declaran favorables a introducir mejoras para seguir protegiendo a este colectivo una vez cumplidos los 18 años. También solicitan aumentar la cantidad y la calidad de las intervenciones previas a la protección institucional. Su propuesta sigue el modelo escandinavo, abogando por que un número mayor de menores –y en una etapa más temprana– entren bajo protección institucional, concibiendo la medida, no como una alternativa permanente a la familia de origen, sino como una ayuda temporal para familias en apuros. La protección de menores es realmente muy costosa, admiten, pero además de representar un derecho moral de estos niños, resulta más económica que afrontar las posibles consecuencias de no hacerlo, una vez los menores se conviertan en adultos, como la delincuencia, el desempleo crónico o la prostitución.
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