MIP. MUJERES, INTEGRACION Y PRISION. INFORME NACIONAL DE RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS POLITICAS
Tallennettuna:
CRUELLS, M., IGAREDA, N., MIP. MUJERES, INTEGRACION Y PRISION. INFORME NACIONAL DE RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS POLITICAS. BARCELONA, ASOCIACION DE MUJERES PARA LA INSERCION LABORAL-SURT, 2005, 16 p.
Ref.
147003
Sijainti:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Delincuencia, Ex-reclusos, Inclusión laboral, Inclusión social, Intervención social, Mujer, Planificación de servicios, Prisión, Programas de inserción, Recomendaciones, España
Delincuencia, Ex-reclusos, Inclusión laboral, Inclusión social, Intervención social, Mujer, Planificación de servicios, Prisión, Programas de inserción, Recomendaciones, España
Abstrakti:
Este documento constituye uno de los resultados principales del proyecto MIP en el que se ha hecho un análisis de los procesos de Integración sociolaboral de las mujeres presa en Europa a lo largo de los últimos tres años 2002-2005. El documento recoge las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación y propone cambios sobre las políticas penitenciarias y sociales que están afectando a las mujeres reclusas en España. En los últimos 10 años ha habido en España pocos cambios e iniciativas en las políticas penitenciarias que tuvieran un impacto en las mujeres presas, en los procesos de integración social de esta población y en los índices de reincidencia y crecimiento de la población penitenciaria. Ha sido solo más recientemente cuando se han hecho públicas distintas declaraciones e intenciones por parte del actual gobierno socialista para modificar la intervención penal. Esta intención de cambio parte de la urgente necesidad de actuar sobre de la difícil situación en la que se encuentran las prisiones en España. Hechos a destacar son la masificación de las prisiones con un continuo aumento de la población penitenciaria, la falta de recursos para hacerle frente y los constantes cambios legales que han provocado una oleada de dureza en el marco penitenciario; los efectos sobre la población penitenciaria con la eliminación de los beneficios y reducción de condenas por el trabajo en el interior de los centros; por el endurecimiento en el cumplimiento integro de las penas; por el escaso sino inexistente uso de las medidas alternativas a la prisión para parte de los delitos cometidos; por el poco uso del acceso al tercer grado en régimen abierto y la falta de los recursos para que este régimen abierto se cumpla en todas las comunidades autónomas del país; por la obligatoriedad de que los presos y presas paguen su responsabilidad civil antes de su acceso a la libertad condicional o tercer grado de clasificación penitenciaria en régimen abierto; por el endurecimiento de las penas para determinados delitos que suponen el 89% de los delitos que cometen las mujeres sentenciadas a la pena privativa de libertad; y por el fracaso de la función reinsertadora dentro del marco penitenciario que se contrapone a los altos porcentajes de reincidencia, alcanzando en los últimos años el 60% en hombres y el 56% en mujeres. En este marco estatal ha sido todavía más desalentador la poca atención que se le ha dado al constante incremento de la población penitenciaria de mujeres, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos como el caso del Reino Unido y Alemania. Este crecimiento tuvo en España su gran ascenso entre 1980-1994 pasando de una mujer cada 29 hombres a 1 cada 9 hombres, y pasando desde 1993 hasta el 2004 de 3.754 mujeres a 4.599 mujeres. Durante este último año las mujeres representaban el 8% del total de la población reclusa y solo a finales de año ha descendido al 7’7% debido también al gran incremento de la población masculina con un aumento de 13.000 presos desde 1993 a diciembre del 2004. La falta de atención a las mujeres reclusas así como a sus necesidades específicas se muestra principalmente, como ya han señalado numerosos estudios y los sucesivos informes del defensor del pueblo, por su situación discriminatoria en los centros penitenciarios en su acceso a los recursos dirigidos a la integración social y laboral, por la falta de acceso a recursos específicos que den respuesta a las necesidades de género, y por la falta de recursos materiales y de infraestructura que agravan su situación de encierro. A parte de esta falta de acceso a los recursos existentes no ha habido en estos últimos años un desarrollo de iniciativas paliativas y transformadoras de esta situación, así como tampoco ha habido políticas y estrategias globales dirigidas específicamente a mujeres presas y expresas, o programas específicos desarrollados desde la administración para la reducción de su encarcelamiento o para una mayor adecuación a las necesidades específicas de las mujeres reclusas. Un brecha abierta a este periodo de estancamiento ha sido la realización de distintos estudios sobre la realidad de las mujeres presas en España y sus distintas comunidades autónomas que han aportado mucha mayor claridad acerca de esta realidad. Estas investigaciones suponen un primer paso para una apertura al debate y al desarrollo de posibles acciones y políticas para un futuro próximo.
Este documento constituye uno de los resultados principales del proyecto MIP en el que se ha hecho un análisis de los procesos de Integración sociolaboral de las mujeres presa en Europa a lo largo de los últimos tres años 2002-2005. El documento recoge las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación y propone cambios sobre las políticas penitenciarias y sociales que están afectando a las mujeres reclusas en España. En los últimos 10 años ha habido en España pocos cambios e iniciativas en las políticas penitenciarias que tuvieran un impacto en las mujeres presas, en los procesos de integración social de esta población y en los índices de reincidencia y crecimiento de la población penitenciaria. Ha sido solo más recientemente cuando se han hecho públicas distintas declaraciones e intenciones por parte del actual gobierno socialista para modificar la intervención penal. Esta intención de cambio parte de la urgente necesidad de actuar sobre de la difícil situación en la que se encuentran las prisiones en España. Hechos a destacar son la masificación de las prisiones con un continuo aumento de la población penitenciaria, la falta de recursos para hacerle frente y los constantes cambios legales que han provocado una oleada de dureza en el marco penitenciario; los efectos sobre la población penitenciaria con la eliminación de los beneficios y reducción de condenas por el trabajo en el interior de los centros; por el endurecimiento en el cumplimiento integro de las penas; por el escaso sino inexistente uso de las medidas alternativas a la prisión para parte de los delitos cometidos; por el poco uso del acceso al tercer grado en régimen abierto y la falta de los recursos para que este régimen abierto se cumpla en todas las comunidades autónomas del país; por la obligatoriedad de que los presos y presas paguen su responsabilidad civil antes de su acceso a la libertad condicional o tercer grado de clasificación penitenciaria en régimen abierto; por el endurecimiento de las penas para determinados delitos que suponen el 89% de los delitos que cometen las mujeres sentenciadas a la pena privativa de libertad; y por el fracaso de la función reinsertadora dentro del marco penitenciario que se contrapone a los altos porcentajes de reincidencia, alcanzando en los últimos años el 60% en hombres y el 56% en mujeres. En este marco estatal ha sido todavía más desalentador la poca atención que se le ha dado al constante incremento de la población penitenciaria de mujeres, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos como el caso del Reino Unido y Alemania. Este crecimiento tuvo en España su gran ascenso entre 1980-1994 pasando de una mujer cada 29 hombres a 1 cada 9 hombres, y pasando desde 1993 hasta el 2004 de 3.754 mujeres a 4.599 mujeres. Durante este último año las mujeres representaban el 8% del total de la población reclusa y solo a finales de año ha descendido al 7’7% debido también al gran incremento de la población masculina con un aumento de 13.000 presos desde 1993 a diciembre del 2004. La falta de atención a las mujeres reclusas así como a sus necesidades específicas se muestra principalmente, como ya han señalado numerosos estudios y los sucesivos informes del defensor del pueblo, por su situación discriminatoria en los centros penitenciarios en su acceso a los recursos dirigidos a la integración social y laboral, por la falta de acceso a recursos específicos que den respuesta a las necesidades de género, y por la falta de recursos materiales y de infraestructura que agravan su situación de encierro. A parte de esta falta de acceso a los recursos existentes no ha habido en estos últimos años un desarrollo de iniciativas paliativas y transformadoras de esta situación, así como tampoco ha habido políticas y estrategias globales dirigidas específicamente a mujeres presas y expresas, o programas específicos desarrollados desde la administración para la reducción de su encarcelamiento o para una mayor adecuación a las necesidades específicas de las mujeres reclusas. Un brecha abierta a este periodo de estancamiento ha sido la realización de distintos estudios sobre la realidad de las mujeres presas en España y sus distintas comunidades autónomas que han aportado mucha mayor claridad acerca de esta realidad. Estas investigaciones suponen un primer paso para una apertura al debate y al desarrollo de posibles acciones y políticas para un futuro próximo.